Como bien lo repitiera una plétora de veces el difunto presidente
Chávez, una de los objetivos primarios de la Revolución Bolivariana, era
brindar “justicia social” al pueblo de venezolano. Pero no solo esto, sino que
además lo advierten como uno de los logros que se han alcanzando.
El problema cuando se habla de Justicia, desde una acepción distinta a
la referida al marco legal, sucede cuando se maneja el fundamento cultural que “se
basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y
lo malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones
entre Personas”. El problema con esto es que conlleva una serie de intríngulis
que lo hacen supremamente complicado en la práctica social. El primero que
mencionaré, se refiere a cuando pensamos ¿es justo para quién? Debido a que
necesariamente se considera que una persona o grupo de personas está siendo
injusto con otro. El argumento se basa en el hecho de que al intervenir para
modificar alguna forma de relación ¿se puede ser justo con ambos grupos
involucrados? El siguiente problema se manifiesta cuando indagamos sobre bajo qué
criterio, en qué ámbito y cuál va a ser el alcance de esa intervención en la
dinámica social, para promover la justicia y corregir los desequilibrios.
Reflexionemos todo esto en nuestro contexto de país.
Para comenzar mencionaré las dos principales condiciones de injusticia
que la revolución pretendía atacar: La primera, referida a marginación sufrida
por esa importante parte de la población que habitan los barrios, engendrados
como forma de organización (centro-periferia) útil a un modelo de capitalismo
primitivo, la cual una vez desarrollada la revolución tecnológica, perdió
vigencia, no obstante los gobiernos dieron la espalda a este problema;
dificultando la integración de estos grupos a los nuevos modelos productivos,
lo que les impedía alcanzar niveles deseados de bienestar social, y tan solo atendiéndolos
para pedirles sus sufragios con promesas populistas y poco factibles de
cumplir. El otro, se refiere a la forma originaria de organización del modelo
productivo capitalista; que plantea una relación de explotación, debido a la
apropiación de la plusvalía.
Para combatir la primera, necesariamente tenemos que abordar los temas
de capacitación, “no le des un pescado, enséñalo a pescar” y yo agregaría: Enséñalo
a ser un magnifico pescador. Esto es como lo ha prometido el candidato Henrique
Capriles: “una revolución educativa”. Sin embargo, por ahora lo que se ha hecho
es utilizar la renta petrolera para dar ayudas o dádivas, a subsidiar los
problemas diarios y, entre otras, regalar casas. Existe algo que se llama
justicia intergeneracional, basado en que la riqueza petrolera de Venezuela,
debe ser aprovechada por todos los venezolanos, y tenemos la obligación de
invertir ese recurso para garantizar niveles de riqueza equivalentes a
generaciones futuras. Noruega por ejemplo además de inversiones en activos, políticas
de progreso y desarrollo, mantiene lo que ellos llaman un “Fondo Intergeneracional”
para garantizar este tipo de justicia. Cabría preguntarse si estamos siendo
justos con las futuras generaciones generando un gasto público de la magnitud
que ha hecho este gobierno. Por ejemplo, el problema del empleo informal radica
–entre otros muchos factores- en este mismo problema educativo.
Aunque en Venezuela se aplicaran políticas económicas adecuadas y se
alcanzara un elevado desarrollo del aparato productivo, el grueso de los que
hoy participan en este comercio informal, no estarían capacitados para obtener
cargos de nivel en estas hipotéticas empresas. Igualmente las políticas de
inclusión a las personas con discapacidad. En el caso que me ocupa a mí como
deficiente visual, les puede decir que tan solo se consideran programas de
formación esencial en oficios de subsistencia. Yo soy Economista con postgrado
en Live Coaching, esperaría apoyo para
hacer una maestría y luego un PHD. En síntesis, las políticas están lejos de
promover la excelencia, de incentivar la productividad. El mismo Marx
proyectaba que los primero países en pasar al socialismo serian Alemania e Inglaterra,
y calificaba al comunismo como “el reino de la abundancia”, él lo veía como una
sociedad tremendamente productiva y avanzada tecnológicamente, con ciudadanos
intelectuales y afinadamente preparados, que no requerirían de un contrato
social con un estado que los organizase, es decir, algo exageradamente lejos de lo que somos – tal vez en mil o dos
mil años, si aún tenemos planeta-.
El segundo, y aún muy vinculado al primero, nos lleva a cuestionarnos
si es “justo” que sustentados en esta idea, se utilicen las expropiaciones, confiscaciones,
generando condiciones adversa, ejerciendo severas medidas de control, con el
objeto de acabar con la empresa privada. ¿Es eso justo para los empresarios y
sus familias?, ¿es justo para los empleados que pierden su fuente de empleo?,
tan solo para implantar teórico que bien a demostrado en la práctica que no
funciona, debido a las limitaciones evolutivas del ser humano como ser social.
Lo cierto es que sí se promovieran condiciones que permitan un mercado
maduro, sí se inculcarán valores de ética y honestidad, es posible alcanzar un
estadio económico que le otorgue a todo aquel que ostente un empleo productivo -sin
importar el nivel de este- de recibir una compensación que le permita vivir de
forma digna, y con comodidad. Es decir: “la máxima suma de felicidad posible”. En
Australia, por ejemplo, no se levantan revueltas sociales por el hecho de que
una minoría de la población sea inmensamente millonaria, pues ellos generan los
trabajos que le permite a muchos de esas mayoría restante ostentar una
excelente calidad de vida.

Muy bueno el artículo. Coincido con que es necesario reformar la educación y buscar la excelencia en ello. Tal sería uno de los pasos a dar para de tener una economía rentista. A parte de eso, sería deseable generar todas las condiciones para explotar otras actividades y recursos en nuestro país como el hierro, la bauxita, el turismo, el cacao, entre otros.
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